Carta pública por la libertad de expresión y el derecho a la información en Baja California

Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California. 

Perla Ibarra Leyva, Procuradora de Justicia del Estado.

Bladimiro Hernández, Contralor.

Diputados del Congreso del Estado.

Carlos Padilla Villavicencio, auditor en funciones del Órgano de Fiscalización Superior

Diputados federales por Baja California

En una inserción periodística, el Gobierno del Estado de Baja California se ha deslindado públicamente de los hechos que fueron ventilados en tres medios locales de comunicación, a saber, El Mexicano, Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) y El Informador, respecto la intención de atacar la libre expresión en Baja California, a partir del acoso a la moral a dos periodistas.

 En dos de esos medios hubo referencias específicas a funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos, el señor Jorge Alberto Cornejo Manzo, adscrito a la Dirección de Imagen y Publicidad. 

 En la inserción oficial, se indica que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, “reprueba cualquier acción que atente contra la libertad de expresión y la integridad física o moral de los comunicadores…”, sin embargo, asume una actitud pasiva y complaciente en relación con las publicaciones que han sido replicadas en el ámbito local, nacional e internacional. 

 El Gobernador no ordena una investigación formal de los actos que se imputan a los funcionarios a su cargo, como sería lógico para deslindar administrativa y legalmente a su gobierno, y en su caso, identificar y sancionar a colaboradores que han pretendido, con recursos públicos, iniciar campañas de desprestigio.

 Las conductas de funcionarios del Gobierno del Estado, que han actuado con indicaciones, complacencia o ignorancia del Gobernador del Estado, son inéditas en Baja California, y  al ser contrarias a los principios del humanismo político que postula el Partido Acción Nacional, nunca se indujeron o permitieron, por los cinco mandatarios que previamente gobernaron el Estado desde 1989.

 Por ello, solicitamos al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ordene una investigación exhaustiva a la Contraloría del Estado, y una auditoría financiera, para observar y analizar el manejo de los recursos públicos asignados a la Dirección de Comunicación, y de manera particular en la Dirección de Imagen y Publicidad.

 Las acciones de dicha investigación y auditoria deben ser acompañadas como testigo social por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para asegurar sus conducción imparcial, la exhaustividad de sus pesquisas y la trasparencia de los resultados.

 Solo así será respaldado en los hechos, el compromiso que públicamente ha planteado de forma reciente el Gobernador “a favor de la libertad de expresión”.

 En 2015 el Gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid utilizó, para referirse a un medio y a una actitud, la siguiente frase: Por este medio, “hacemos Público nuestro rechazo a la política de chantaje ejercido…”.

 Esa expresión, describe  el actuar, actitud y comportamiento de uno de sus más cercanos colaboradores, Jorge Alberto Cornejo Manzo, quien ha sido señalado por directivos y periodistas de diversos medios de Baja California, por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para pretender neutralizar las revelaciones de la  corrupción gubernamental, y pretender manipular la información que recibe la sociedad a través de las empresas de comunicación en el Estado.

Estos hechos, por su reiteración y notoriedad entre la comunidad periodística,  ya son investigados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Los actos referidos constituyen un  ultraje a la vida democrática de Baja California, a los derechos fundamentales de libertad, y en consecuencia, atentan  -en palabras del Gobernador- “en contra del derecho de los bajacalifornianos para obtener de sus medios de comunicación información oportuna veraz y objetiva”.

Solicitamos que el Gobernador Francisco Vega de la Madrid, asuma su obligación de máximo garante de la seguridad y de los derechos humanos en el Estado, exija, vigile y sancione a cada uno de los miembros de su equipo de gobierno que hayan sido instigadores promotores o articuladores de los intentos de violar la libertad de expresión.

Que los funcionarios a su cargo,  sean  congruentes en los hechos, y no solo en el discurso, con el compromiso que el Ejecutivo ha manifestado de ser “…respetuoso de la política editorial basada en la ética y los principios de la actividad periodística”.

Gobernador, Usted no debe dejar lugar a dudas de la licitud de sus actos, su rectitud moral y su honorabilidad política: Instruya el inicio de las investigaciones respectivas y la realización de auditorías, por los delitos que resulten, abuso de autoridad, violencia y vejación a persona sin causa legitima; aplicación publica distinta a aquella a que estuvieren destinados los caudales de erario; uso de violencia moral y económica para inhibir o intimidar a cualquier persona que denuncie la presunta comisión de una conducta sancionada por las legislaciones 

Asimismo pedimos acciones contundentes, ordenando  investigar, y tomar medidas respecto al terrorismo digital presuntamente auspiciado por colaboradores de su gobierno, traducido en espionaje online, ataques de malware, ciberacoso y campañas de difamación online, todas consideradas “amenazas digitales” contra el periodismo por la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultual (UNESCO), en el informe presentado en agosto de 2016 por  la división de libertad de Expresión.

Más allá de una inserción, y ante la gravedad de las imputaciones que se hacen a su gobierno, que ya están haciendo eco en organismos nacionales e internacionales, es imperante su actuación: investigar y sancionar. 

No hacerlo, implica complicidad política y una responsabilidad legal inexcusable.

FIRMANTES: Dora Elena Cortés Juárez, José Enrique García Sánchez y Jaime Miranda y Soto, Agencia Fronteriza de Noticias; Adela Navarro Bello, César René Blanco Villalón, Rosario Mosso Castro e Isaí Lara Bermudez, ZETA; Eligio Valencia Roque y Gerardo Fragoso, El Mexicano; Mireya Cuellar, La JornadaJaime Bonilla y Jorge Esparza CarloPSN; Marco Tulio Castro, Newsweek Baja California; Martín Borchardt, Telemundo; Vicente Calderón, Tijuana Press; Roberto Valero, Monitor Económico; Fernando del Monte, Periodista y Conductor; Jaime Flores, Periodista radiofónico y columnistaClaudia Orozco Vega, Periodista y conductoraBibi Gutiérrez Olivar, Periodista y Presidente de la Asociación de Periodistas de Tijuana; Juan Ojeda Reyes, Periodista y Delegado de la Asociación Nacional de Periodistas; Jorge Armando Nieto, Imagen TV y Estrella TV; Enrique Méndez, Periódico Baja California y Radio FronteraRicardo Meza Godoy, Plex; Jaime Delgado, Periodismo Negro; Javier Malacara Sánchez, Rosarito Informa; Antonio Azuara, Contexto; Alfredo Calva, Tribuna Pública; Jaime Chaidez, Periodista Cultural; Mariano Gallegos, Radio Enciso; Ana Patricia Valay, Periodista radiofónica; Enrique Tellaeche, Monitor BC; Manuel Ocaño, Periodista independiente; Pedro Castillo, Séptimo Día; Pedro Damián Gomez, Panorama PolíticoEmilio Domínguez, CincoMFlor Castillo, Horizonte Informativo; José Ángel Insunza, Libertad; Feliciano Castro, Periodista; Antonio Heras y Jorge Heras, Lindero Norte.
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Publicado el noviembre 11, 2016 en Notas y etiquetado en , , , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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